Paralizada definitivamente desde hace décadas, el proyecto de la empresa canadiense Edgewater de reanudar los trabajos de extracción de oro en la gallega mina de Corcoesto ha causado una fuerte división entre quienes temen un desastre ambiental y quienes defienden el proyecto, que generará 270 puestos de trabajo, como un importante estímulo para la economía de la zona.
Situada en Cabana de Bergantiños, a unos 60 quilómetros de A Coruña, la futura mina de Corcoesto podría alcanzar una extensión superior a los 700 campos de fútbol. A dicha superficie habría que añadir la balsa que se encargaría de recoger los residuos de la mina y que, en un plazo de aproximadamente diez años, podría llegar a albergar más de diez millones de metros cúbicos de materiales altamente contaminantes como cianuro o sosa cáustica.
Sin embargo, y a pesar de que el proyecto acaba de ser declarado “ambientalmente viable” por la Xunta de Galicia, los graves riesgo que conllevan este tipo de residuos ha generado un rechazo sin precedentes tanto por parte de diversas asociaciones ecologistas como por los propios vecinos de la zona, que estiman que más de un millar de explotaciones ganaderas de hasta cuatro ayuntamientos de la zona podrían verse en peligro debido a la actividad de la mina.
Pero más allá de los graves perjuicios que podría ocasionar sobre el agro gallego, la Sociedade Galega de Historia Natural ha alertado en varias ocasiones de los importantes riesgos que podría suponer la rotura de la futura balsa de Corcoesto. Según el SGHN, los vertidos procedentes de un hipotético incidente en la mina podrían multiplicar por dos los daños ocasionados por la rotura de la balsa de Aznalcóllar, que en 1998 ocasionó una riada de metales pesados y líquidos tóxicos que llegaron a poner en riesgo el Parque Nacional de Doñana.
Sin embargo, la fuerte presión ejercida desde distintos sectores no parece suficiente para frenar el proyecto de la compañía canadiense Edgewater que, a falta de un puñado de trámites, podría obtener en las próximas semanas el permiso definitivo para explotar Corcoesto durante aproximadamente una década.