El pasado 21 de mayo en Estrasburgo, el parlamento europeo aprobó una nueva directiva destinada a aumentar la seguridad de las perforaciones petrolíferas en aguas del continente. Esta nueva norma determina que las empresas encargadas de las explotaciones de gas y petróleo son las responsables de los posibles daños medioambientales que pueda ocasionar su actividad. Para poder funcionar, deben tener capacidad financiera suficiente para cubrir los gastos derivados de solventar cualquier tipo de accidente que se pueda producir pues deberán ser las compañías las que paguen la factura de la reparación de los daños provocados.
Con la aplicación de esta nueva legislación, antes de autorizarse una nueva prospección, la Agencia Europea de Seguridad Marítima deberá examinar los análisis de riesgos llevados a cabo así como el plan de actuación ante emergencias planteado por la empresa. Además, estos estudios deberán tener una segunda aprobación por parte de una agencia nacional independiente antes de que se pueda comenzar la actividad.
A pesar de que había algunos grupos que reclamaban que esta norma recogiera la prohibición de realizar prospecciones petrolíferas en zonas cercanas a áreas turísticas, la Eurocámara rechazó esta enmienda. Esto supone que, en contra de la opinión del gobierno canario, sería posible autorizar los sondeos solicitados por empresas del sector cerca de las costas del archipiélago.
Aunque la nueva legislación sobre explotaciones petrolíferas marítimas ya haya sido aprobada, los países miembros de la Unión Europea disponen de un plazo de dos años para incluir la directiva en sus legislaciones. Además, las explotaciones que ya están activas, casi un millar en todo el continente, tendrán cinco años para adaptarse a los nuevos requirimientos legales.
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